[2] La empresa financiarizada (M. Stichele) -

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(CC BY-NC-ND 3.0) – Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 license. This article by Myriam Vander Stichele was originally published on http://www.tni.org under a Creative Commons License: longreads – tni.org – la empresa financiarizada

El presente artículo forma parte del informe Estado del poder 2020, cuya versión en español es editada en formato electrónico por Transnational Institute (TNI), Attac España y FUHEM Ecosocial. La versión íntegra del informe en inglés se puede encontrar en www.tni.org.

Palabras clave: información alternativa, economía, historia, humanidades, análisis social.

[Sección 2] La empresa financiarizada. Cómo las finanzas alimentan y transforman la corporación de hoy en día.

Myriam Vander Stichele

Concentración de poder en el sector financiero

El crecimiento de la posesión de acciones y bonos corporativos emitidos por corporaciones cada vez más grandes se ha visto facilitado por la concentración financiera en manos de la industria de fondos de inversión de billones de dólares.

Han surgido nuevos gigantes financieros, dominados por BlackRock (la mayor empresa mundial de gestión de inversiones con 7 billones de dólares de los EE.UU. en activos gestionados), Pimco (especializada en la gestión de inversiones en bonos con 1,9 billones de dólares de los EE.UU. gestionados), Vanguard (el segundo mayor gestor de fondos de inversión mundiales con 5,6 billones de dólares de los EE.UU. en activos gestionados) y Amundi (un importante gestor de activos europeo con 1,56 billones de euros en activos gestionados). Actualmente poseen acciones y/o bonos en casi todas las empresas del mundo.

Un estudio de las empresas estadounidenses mostró que los tres principales gestores de fondos de inversión, BlackRock, Vanguard y State Street, son el mayor accionista individual en casi el 90% de las 500 empresas más importantes del mundo que figuran en el índice S&P, entre ellas Apple, Coca-Cola, ExxonMobil, General Electric y Microsoft.

Imagen: Red de la propiedad de las Tres Grandes en las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa. Fuente: Fichtner, Heemskerk y García-Bernardo (2017)

Dado que la mayoría de los demás inversores distribuyen los riesgos al poseer menos del 1% de las acciones de una empresa, los tres administradores dominantes de los fondos de inversión –cada uno de ellos con hasta un 3% a un 8% y juntos hasta un 17,6% de las acciones de estas empresas– tienen ahora el poder de voto más influyente en las asambleas anuales de las empresas o en su compromiso directo con la alta gerencia. Desde hace mucho tiempo su influencia no se ha traducido en una presión para que la práctica empresarial adopte objetivos distintos de la maximización de los beneficios.

La consolidación del poder por parte de los principales fondos de inversión socava la competencia entre las empresas del mismo sector, porque los fondos son accionistas dominantes de conglomerados competidores, lo que les incita a apoyar estrategias empresariales similares. Además, los fondos siguen cada vez más un índice, valorado según el precio de la bolsa de valores basado en la compra y venta de acciones y la rentabilidad, con poca evaluación del comportamiento de las empresas sobre el terreno.

El enorme crecimiento de la industria de los fondos de inversión, que está exigiendo más bonos corporativos para crear fondos, está detrás de una nueva burbuja de bonos corporativos que es probable que estalle, habiendo alcanzado los 10,17 billones de dólares en 2018.

La enorme expansión del sector de los fondos de inversión en el último decenio, su interconexión con las empresas y las cantidades cada vez mayores de malos préstamos corporativos podrían desembocar fácilmente en una nueva crisis financiera más amplia.

Hay demasiado dinero de inversores (institucionales) con el que se procura obtener altos rendimientos y las empresas están dispuestas a sacar provecho, incluso las que tienen poca o ninguna rentabilidad (“bonos basura”). Cuanto más arriesgado es el negocio, más altos son los tipos de interés que atraen a los inversores. Una vez que la economía se desacelera y estas llamadas “corporaciones zombies” empiezan a incumplir sus préstamos o bonos, los inversores pueden vender masivamente. La interconexión y el efecto dominó, incluidos los crecientes préstamos incobrables, podrían terminar fácilmente en una nueva y más amplia crisis financiera.

Al margen de la sociedad y el medio ambiente

La industria de la inversión concentrada ha creado una distancia aún mayor entre el financiador final, es decir, el inversor que está poniendo dinero en los fondos de inversión, y el impacto de las operaciones corporativas en la sociedad y el medio ambiente.

Los gestores de fondos de inversión compran acciones y/o bonos de cientos de empresas para formar parte de un “fondo” y siguen este proceso para crear cientos de esos fondos, que luego se ofrecen a los inversores.

Según los administradores de fondos, el número total de empresas incluidas en un fondo hace demasiado costoso examinar el impacto sobre el terreno de cada una de las empresas en las que se invierte. Los fondos sólo publicitan a algunas empresas incluidas en un fondo, lo que dificulta que los financiadores finales las examinen a todas.

Más aún, los grandes administradores de fondos de inversión subcontratan sus derechos de voto a corporaciones subsidiarias, como ISS y Glass Lewis, que dan prioridad al voto en apoyo de estrategias de gestión y de obtención de beneficios que se traducen en el máximo rendimiento para los accionistas y en contra de las resoluciones para un comportamiento más responsable. Como resultado, han permitido a las corporaciones ignorar los intereses de los trabajadores y las comunidades y las preocupaciones sobre el cambio climático.

Puede que el director general de BlackRock haya escrito una carta abierta en 2018 diciendo a las empresas que tenían que hacer “una contribución positiva a la sociedad”, pero no fue hasta enero de 2020 que escribió una carta, ampliamente difundida, a los directores generales en la que anuncia iniciativas sobre todo para (permitir) un examen más exhaustivo de los riesgos climáticos y de sostenibilidad de las empresas en las que BlackRock decide invertir. Sin embargo, a puerta cerrada, BlackRock ha discutido y presionado contra las leyes de la UE que proporcionan definiciones claras de las inversiones verdes y obligan a la divulgación de los riesgos sociales y ambientales o los impactos de sus fondos.

Un banco holandés, ING, que vende estos fondos de inversión a clientes individuales, incluso anuncia que pueden dormir mientras el banco administra su dinero. La información se centra sólo en la cantidad de ganancias que sus fondos de inversión están generando. Sin embargo, los estudios muestran que en el caso de los bancos holandeses, los fondos de inversión que ofrecían a sus clientes financiaban compañías abusivas de aceite de palma.

Recientemente, los defensores del medio ambiente han empezado a denunciar la responsabilidad de los fondos de inversión en la financiación de prácticas destructivas. Amigos de la Tierra Estados Unidos, por ejemplo, ha atacado a BlackRock, por invertir miles de millones de dólares en empresas que contribuyen al cambio climático, la destrucción del medio ambiente y las violaciones de los derechos humanos, como las empresas de petróleo y gas, las empresas mineras y las empresas de aceite de palma.

Other key financial players that provide services to corporations

Fuente: SOMO/¿Cuáles son las amenazas que acechan en el sector financiero?

La toma de decisiones y el costo de la financiación de las empresas depende fundamentalmente de las agencias de calificación crediticia, que evalúan la rentabilidad de las empresas. La empresa que analizan les paga, lo que supone un conflicto de intereses. Además, actualmente no están legalmente obligadas a evaluar los impactos sociales y ambientales.
Las bolsas de valores admiten el comercio de acciones de una empresa y ellas mismas son empresas con fines de lucro.
Los crecientes fondos de pensiones privatizados han sido parte del empuje hacia un valor elevado para los accionistas, ya que invierten en acciones de empresas y esperan un rendimiento de hasta el 7%, sin responsabilizarse por las consecuencias.
Las compañías de seguros no sólo protegen a las empresas contra los daños y los robos, sino que también ofrecen un seguro a los presidentes de las empresas contra cualquier irregularidad y posibles costos legales. Con el fin de mantener reducido el precio de las primas de seguros, las compañías de seguros invierten billones de dólares en instrumentos financieros a largo plazo.
Tal vez los actores más depredadores del sector financiero sean los fondos de inversión de alto riesgo y los fondos de capital de riesgo (PE), que a menudo tienen su sede en jurisdicciones y paraísos fiscales sometidos a un régimen secreto y apenas están sujetos a la reglamentación de la UE o de los Estados Unidos.
Los fondos de inversión de alto riesgo son gestionados por administradores de activos privados que ganan altas comisiones por proporcionar altos rendimientos a corto plazo en inversiones muy especulativas con dinero procedente de inversores muy ricos, incluidos los fondos de pensiones privados.

La financiarización de todo

La financiarización de la energía y los alimentos

La industria financiera también ha alentado a las empresas a adoptar instrumentos financieros cada vez más complejos como forma de salvaguardar su rentabilidad, lo que ha repercutido en la economía y la sociedad en general. Así, por ejemplo, a fin de ayudar a las grandes empresas a evitar los riesgos de pérdidas financieras o variaciones de precios (“cobertura”), los bancos de inversión desarrollaron los derivados (también conocidos como swaps, futuros/contratos a plazo, opciones), que son contratos que determinan los precios basados en apuestas de precios en el futuro. Los contratos de derivados todavía se negocian en su mayor parte en bolsas de valores (extrabursátil), lejos de la mirada del público, y su valor se ha duplicado desde la crisis financiera, con hasta 640 billones de dólares de montos hipotéticos pendientes de pago. Estos pueden ir peligrosamente mal como lo demostraron las crisis financieras y, por consiguiente, se los ha llamado “armas financieras de destrucción masiva”.

El derivado más comercializado está relacionado con los tipos de interés, que se vende como un seguro contra el aumento de los tipos de interés. Se ha acusado a los bancos de no explicar que estos “swaps” también pueden llevar a las empresas, a los municipios e incluso a los agricultores a verse obligados a pagar a los bancos cuando el tipo de interés no sube sino que baja, lo que sucedió de forma drástica tras la crisis financiera. En los Países Bajos, los bancos incluso impusieron estos swaps a las pequeñas y medianas empresas (PYME) que se endeudaron: sin swap, no hay préstamo, a pesar de que las PYME sabían poco sobre los riesgos potenciales y terminaron pagando un precio muy alto. En otras palabras, los servicios bancarios pueden terminar sirviendo al banco más que a sus clientes corporativos, que tienen la obligación de pagar.

En el caso de los derivados de materias primas, su comercio en las bolsas de productos y fuera de ellas determina de manera significativa los precios de productos básicos fundamentales como el petróleo, el gas, los minerales, el trigo y también de productos como el café y el cacao. Estos mercados cuentan con muchos actores financieros, que establecen la infraestructura para el comercio, diseñan los contratos de derivados, proporcionan análisis y facilitan el funcionamiento de las operaciones de inversión de alto riesgo y especulación.

En teoría, los derivados de materias primas garantizan un precio y una fecha de entrega determinados para la venta por parte de los productores y la compra por parte de los procesadores de productos energéticos o alimentarios. Sin embargo, la oferta y la demanda de los contratos en las bolsas de materias primas determinan el precio en parte sobre la base de las apuestas sobre la producción futura y en parte sobre el papel de los especuladores, que no guarda relación con los costos de producción. Los que comercian con derivados tampoco tienen la obligación o la responsabilidad de tener en cuenta la forma en que se producen o consumen esos productos básicos. Por lo tanto, no es de extrañar que el aumento de las emisiones de carbono no haya detenido el comercio de derivados de energía de combustibles fósiles ni garantizado una remuneración adecuada a los agricultores. En julio de 2019, 16 ONG escribieron a la Bolsa de Metales de Londres para denunciar su funesta política de “aprovisionamiento responsable”.

Una campaña posterior a 2008 en la UE puso en tela de juicio la especulación con los precios de las materias primas, después de que los enormes aumentos de los precios provocaran disturbios por hambre entre 2006 y 2008. La campaña obtuvo victorias legislativas parciales en 2014, pero a finales de 2019, la legislación de la UE corría riesgo de ser revocada. Las grandes empresas productoras y comercializadoras de petróleo y gas, como Shell, se han involucrado cada vez más en el comercio especulativo. La cuestión es si esto les permite manipular los precios de los combustibles fósiles para que las energías renovables sean menos atractivas desde el punto de vista financiero.

Financiarización de las empresas

La presión por una alta rentabilidad no sólo ha ignorado las cuestiones ambientales y sociales, sino que también ha cambiado considerablemente la naturaleza misma de los modelos de negocio. Ha hecho que las empresas inviertan sus beneficios, o incluso el dinero de la emisión de acciones y bonos o de préstamos, en los mercados financieros y en paraísos fiscales, en lugar de hacerlo en su futuro a largo plazo, por ejemplo, en la investigación de innovaciones para una transición justa, o en el pago de impuestos y el aumento de los salarios del personal con menor remuneración, lo que podría ayudar a limitar la creciente desigualdad.

Las grandes empresas tecnológicas, por ejemplo, han invertido aproximadamente un billón de dólares en el exterior, la mitad en bonos corporativos, mientras que han obtenido préstamos por cerca de 110.000 millones de dólares a tipos de interés más bajos.

Algunas empresas incluso han pasado a prestar sus propios servicios financieros y de inversión. Supermercados como Tesco y Carrefour, por ejemplo, ofrecen servicios bancarios y de seguros, comerciantes de productos básicos como Cargill ofrecen servicios de crédito y derivados a agricultores, y las filiales financieras de los fabricantes de automóviles ofrecen servicios de crédito, seguros y servicios de arrendamiento financiero.

Evidentemente, esos servicios financieros facilitan la compra de los nuevos productos o servicios, a veces con costos inesperados para los consumidores. Algunas empresas obtienen cada vez más beneficios de las actividades financieras.

Los gigantes de la tecnología también han iniciado servicios financieros e invertido en tecnofinanzas. Amazon ha invertido, entre otros, en Greenlight Financial, que permite a los niños tener tarjetas de débito, mientras los padres controlan sus gastos a través de una aplicación en línea.

La última iniciativa de financiarización empresarial es la propuesta de Facebook de emitir una moneda digital, la Libra, gestionada por un órgano empresarial independiente mediante la utilización de tecnología de cadena de bloques. El objetivo de estas empresas de tecnología de la información puede que no sean los servicios financieros como tales, sino los datos que pueden obtener sobre las compras y transacciones de sus clientes.

El escenario fatídico

Las empresas que pueden obtener financiación fácilmente –empresas que dependen y se apoyan en préstamos, cuyas acciones en las bolsas se han desvalorizado, que poseen calificaciones crediticias favorables y están protegidas por compañías de seguros y de derivados– tienen pocos incentivos para emprender una transición rápida y poner fin a las prácticas sociales y ambientales abusivas, incluso si las campañas sociales las denuncian. Más bien, el aumento de la tenencia de acciones y bonos intensifica la presión sobre las empresas para que obtengan ingresos a corto plazo de la explotación de sus cadenas de valor.

La presión fundamental puede observarse en el caso de Unilever, cuyo director general, Paul Polman, puso en marcha algunas iniciativas de producción más sostenible e incluso suprimió los informes financieros trimestrales a corto plazo. Sin embargo, una vez que Kraft Heinz hizo una oferta pública de adquisición hostil, Unilever volvió rápidamente a priorizar el valor para los accionistas, incluso obteniendo préstamos para recomprar acciones y emprendiendo un nuevo programa de reducción de costos.

Los peligros de la falta de responsabilidad de la industria financiera en la evaluación de los impactos sociales y ambientales y su presión sobre el cortoplacismo empresarial, están ahora claramente expuestos por la crisis climática.

Los peligros de la falta de responsabilidad de la industria financiera en la evaluación de los impactos sociales y ambientales, y su presión sobre el cortoplacismo empresarial, están ahora claramente expuestos por la crisis climática.

Desde 2015, un grupo de banqueros centrales de la Red para un Sistema Financiero más Ecológico (“Network of Greening the Financial System”) ha advertido que la fijación incorrecta de los precios del carbono y el cambio climático podrían dar lugar a una inestabilidad o crisis financiera. El desastre climático causará, por ejemplo, sequías que reducirán la producción agrícola y tormentas que destruirán los bienes inmuebles comerciales y las viviendas; al mismo tiempo, la necesidad de una rápida reducción del uso de combustibles fósiles y de las reglamentaciones conexas afectará a la producción de muchos sectores.

Esto dará lugar al impago de préstamos, a la caída de los precios de las acciones y los bonos, a la retirada masiva de los fondos de inversión con participaciones en industrias basadas en combustibles fósiles y a la extrema volatilidad de los precios de los derivados con precios erróneos. Esto afectará a todo el mundo, incluso a los pequeños ahorradores o fondos de pensiones.

Algunos supervisores incluyen este tipo de escenario desastroso en las “pruebas de resistencia del carbono”. Sin embargo, el grupo de presión de la industria financiera ha frenado los cambios necesarios e incluso se ha opuesto a las leyes de la UE, para informar si están evaluando o no los impactos negativos sobre el clima, el medio ambiente y la sociedad de las empresas en las que están invirtiendo.

La industria prefiere adherirse a iniciativas voluntarias como los Principios de Banca Responsable del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) o el Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD) pero, como ha señalado BankTrack, los bancos que firmaron los Principios del Ecuador de 2003 siguen negándose a divulgar los proyectos perjudiciales que están financiando, argumentando que es para proteger la confidencialidad de sus clientes.

Lentamente, algunos inversores accionistas perciben la futura devaluación de los activos de combustibles fósiles y presionan a las empresas para que tomen medidas contra el cambio climático, y las nuevas leyes de la UE les incentiven a hacerlo.

Nuevas alternativas para la movilización

La industria financiera ha utilizado con éxito estructuras complejas y grupos de presión bien dotados de recursos para no tener que rendir cuentas de su impacto en las personas y el planeta. Las reformas realizadas tras la crisis financiera no han detenido a la industria financiera de prestar servicios a las empresas con prácticas abusivas y de financiar aún más la economía y la sociedad.

Las organizaciones de la sociedad civil han tenido cierto éxito en las campañas contra los servicios de la industria financiera a esas empresas y sus proyectos abusivos.

Sin embargo, la constante y amplia gama de instrumentos de financiación de la industria ha permitido a las empresas hacer caso omiso de las movilizaciones y socavar innumerables iniciativas sociales. Esto da cuenta de la necesidad de impulsar medidas de sanción legalmente vinculantes, además de la prohibición de muchos de los agentes e instrumentos financieros en la cadena de valor de financiación y de los accionistas.

La indignación pública contra la creciente desigualdad y el cambio climático podría impulsar a los legisladores y a los reguladores a tomar medidas más audaces o a elegir políticos más radicales que puedan aplicar sistemas de financiación alternativos.

Una prioridad fundamental que se debe reformar es abordar los problemas estructurales como los bancos demasiado grandes para quebrar y la rápida, pero poco regulada expansión de la industria de la inversión. ¿Por qué debería permitirse que sean tan grandes y obtengan beneficios colectivos de cientos de miles de millones sin ninguna obligación de financiar una transición justa? Las regulaciones insuficientes de la política de competencia, así como los acuerdos neoliberales de comercio e inversión, permiten a estos gigantes financieros expandirse y ayudan a las empresas a crecer aún más y estar más concentradas, sin que asuman ninguna responsabilidad social y ambiental.

Es necesario revisar en profundidad el sector financiero para que sirva a la sociedad a través de bancos más pequeños y servicios financieros que sean democráticamente responsables.

Hay al menos seis reformas urgentes:

Cambiar las leyes para que el sector bancario se reduzca y diversifique, los fondos de inversión se regulen y reduzcan estrictamente y se supriman los fondos de inversión de alto riesgo.
Crear una agencia de calificación pública o exigir a las agencias de calificación privadas que investiguen las prácticas abusivas y los impactos perjudiciales en la sostenibilidad ambiental y social de las corporaciones que califican.
Imponer sanciones a los bancos de inversión que emitan acciones o bonos corporativos de empresas abusivas y destructivas.
Regular las bolsas de valores para exigir que en los folletos o informes se divulguen los impactos sociales y ambientales de las empresas que cotizan en bolsa, y que se prohíba la cotización de las empresas con un historial de malas prácticas.
Impedir que los precios insostenibles de la energía y de los alimentos sean fijados mediante el comercio de derivados y la especulación y, basarlos, en cambio, en costos de producción sostenibles.
Prohibir las actividades “socialmente inútiles” como el comercio de alta frecuencia y el comercio basado en algoritmos, el préstamo/recompra de acciones con fines especulativos, la desvalorización de activos de las empresas por parte de los fondos de capital privado y los préstamos a los fondos de inversión de alto riesgo que practiquen operaciones especulativas con instrumentos financieros extractivos.

La experiencia ha demostrado que la consecución de leyes vinculantes significativas depende de una lucha prolongada e importante en los pasillos del poder contra un grupo de presión financiero enormemente poderoso. Incluso después de lograr una victoria legislativa, las movilizaciones y la sensibilización deben impedir que los grupos de presión financieros manipulen las normas técnicas del regulador y, por tanto, deformen de facto las leyes.

Es importante que en las campañas se exija que los supervisores y los reguladores tengan un mandato legal y recursos para hacer cumplir reglamentos financieros estrictos, apoyar alternativas y rendir cuentas al público.

Atacar el bastión financiero será un paso clave para detener a las corporaciones que llevan a cabo operaciones abusivas y destructivas.

No se producirá un cambio en la reglamentación a menos que se frenen los esfuerzos del sector financiero por debilitar o impedir la legislación y las regulaciones. La campaña #ChangeFinance consiguió que 576 candidatos al Parlamento Europeo se comprometieran a distanciarse de los grupos de presión del sector financiero. Ha habido acciones de seguimiento, pero es necesario hacer más hincapié en difundir los efectos negativos de que la industria financiera se salga con la suya. Esto debería dar más espacio a las voces de los ciudadanos y poner de relieve muchas de las alternativas o propuestas existentes.

Las reformas reglamentarias que se proponen incluyen el desarrollo de un sector financiero diverso para financiar una transición justa. Las cooperativas responsables, los bancos éticos y los bancos públicos gobernados democráticamente deberían convertirse en alternativas atractivas tanto para los ciudadanos como para las empresas.

La industria financiera se ha convertido más en un amo que en un sirviente, extrayendo valor de las corporaciones a cualquier precio. Atacar el bastión financiero será un paso clave para detener a las corporaciones que llevan a cabo operaciones abusivas y destructivas, y debería contribuir a desenmarañar la cadena de industrias de servicios irresponsables para acelerar la transición hacia sociedades sostenibles y equitativas.

Acerca de la autora

Myriam Vander Stichele es asociada del TNI. Ha investigado y publicado informes sobre el sector financiero privado para el Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (SOMO) desde la perspectiva de la sostenibilidad y el interés público, empezando por la investigación de la crisis financiera asiática. Se centró en el proceso de reglamentación de la Unión Europea y en el ámbito internacional desde la crisis financiera de 2008. Apoya a ONG y redes mundiales para determinar los efectos peligrosos y negativos del comportamiento y la presión que ejercen las empresas financieras, y aboga por alternativas de financiación sostenibles. También ha (co)publicado informes sobre el impacto en el Sur de la inclusión de los servicios (financieros) en los acuerdos de comercio e inversión y anteriormente coordinó la labor de ONG sobre el comercio y las cadenas de valor de los alimentos.