Capítulo 3. Neoliberalismo y capitalismo académico. Ornelas Delgado, Jaime.
Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina. 2009.
Rosario. Homosapiens Ediciones. CLACSO.
Capítulo de Libro: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160229021002/cap3.pdf

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Palabras clave: Capital humano; Educación superior; Capitalismo; Neoliberalismo; Educación; Universidades públicas; América Latina.

“En México y en buena parte de América Latina, en este momento caracterizado por las crecientes críticas al modelo neoliberal dominante, se debaten dos proyectos de universidad: uno pretende generalizar e imponer el modelo empresarial como única opción a la enseñanza universitaria…” (Delgado, 2009)

“… en estos momentos en nuestros países se intensifica la polémica entre quienes están a favor de adecuar las universidades a la lógica de los valores del mercado y quienes exigen mantenerlas en los marcos de la academia preservando su carácter crítico, que es decir científico”. (Espinoza, 2005)

Neoliberalismo, ideología dominante: América Latina, EE.UU. —  entonces y ahora.

(Extractos) Capítulo 3. Neoliberalismo y capitalismo académico. Jaime Ornelas Delgado. (p. 83-96).

“A fines del 93, asistí a los funerales de una linda escuela-taller, que había funcionado durante tres años. Los alumnos venían de los suburbios más pobres de la ciudad. Eran muchachos condenados a ser delincuentes, mendigos o putas. La escuela les enseñaba oficios, herrería, carpintería, jardinería, y sobre todo les enseñaba a quererse y a querer lo que hacían. Por primera vez escuchaban decir que ellos valían la pena, y que valía la pena hacer lo que estaban aprendiendo a hacer. La escuela dependía de la financiación extranjera. Cuando se acabó la plata, los maestros recurrieron al estado. Fueron al ministerio y nada. Fueron a la alcaldía, y el alcalde les aconsejó: —Conviértanse en empresa.” Eduardo Galeano (2004:184).

Introducción

Todo sistema educativo está marcado por una doble elección: la de un proyecto de Hombre y de Sociedad. En efecto, en cada una de las distintas fases históricas del desarrollo de toda sociedad es posible distinguir al pensamiento social y filosófico que estrechamente vinculado a los sectores sociales dominantes impone su impronta en el diseño, orientación y funcionamiento del sistema educativo nacional, es decir, hegemónico.1

En todo caso, cuando una clase social, sus ideólogos, políticos e intelectuales enfrentan históricamente la necesidad de establecer los fundamentos de la nación que mejor se avenga a sus intereses y al ejercicio de su hegemonía —que se impone al conjunto de la población no sólo por la fuerza sino también mediante el consenso—, la educación se convierte en uno de los elementos más valiosos e indispensables en el diseño del país a que se aspira y de los hombres y mujeres que en su interior habrán de formarse.2 El proyecto económico-político-cultural nacional, que termina por supeditar todas las expresiones económicas, políticas y culturales correspondientes a las clases sociales subalternas, finalmente se impone mediante la educación informal y del sistema educativo formal, convertido desde entonces en nacional y hegemónico.3 Ahora bien, en todo sistema educativo nacional un papel de fundamental importancia lo desempeña el nivel superior que tiene como eje central a la enseñanza universitaria4 en cuyas instituciones, si bien se adiestran los dirigentes y administradores del sistema económico-político-cultural, se forman numerosos científicos, intelectuales, artistas y profesionales que construyen la contracultura que resiste a la dominación y llegan a constituir la conciencia crítica de la sociedad. Esta condición, por demás esencial a la universidad, hace que su desarrollo transcurra en medio de una compleja realidad determinada por múltiples contradicciones internas y externas a la propia institución.

En México y en buena parte de América Latina, en este momento caracterizado por las crecientes críticas al modelo neoliberal dominante, se debaten dos proyectos de universidad: uno pretende generalizar e imponer el modelo empresarial como única opción a la enseñanza universitaria, determinada ya sea por motivos ideológicos o estrictamente mercantiles aunque ambos, finalmente, no parecen ser excluyentes;5 el otro modelo, en cambio, enfatiza la distinción entre la orientación y fines de la universidad pública laica, gratuita y autónoma de aquellos fines perseguidos por las empresas privadas que mercantilizan el servicio educativo. En pocas palabras, resume Espinoza (2005:3) que “en estos momentos en nuestros países se intensifica la polémica entre quienes están a favor de adecuar las universidades a la lógica de los valores del mercado y quienes exigen mantenerlas en los marcos de la academia preservando su carácter crítico, que es decir científico”.

Para aproximarnos a este debate, aunque sea de manera breve, conviene ofrecer los elementos esenciales de la modalidad neoliberal del capitalismo asumida por nuestros países desde los años setenta y ochenta del siglo pasado.6

Así el propósito del presente trabajo es tratar de comprender el impacto e influencia de la modalidad neoliberal, particularmente sobre la educación superior financiada con recursos fiscales y, específicamente, en las universidades de régimen público donde empieza a predominar la tendencia a la mercantilización de la educación y la privatización del conocimiento, que en muchos casos junto con el acoso financiero, las lleva a competir en el mercado educativo no sólo con otras universidades públicas sino también con empresas de capital privado nacional y extranjero dedicadas al negocio de educativo. La reflexión sobre lo que esto significa, resulta de fundamental importancia pues lo que está en juego es nada más ni nada menos que el futuro de la educación universitaria como derecho social y la preservación del conocimiento que en ella se genera como bien público.

El trabajo concluye con el planteamiento de algunos retos inmediatos que en estos momentos enfrentan las universidades públicas y aquellos de sus miembros dispuestos a defender y mantener el carácter laico, gratuito y autónomo de sus instituciones.library-700

Rasgos esenciales del neoliberalismo

 

En términos generales, la modalidad económica neoliberal tiene tres principios que la distinguen de cualquier otra modalidad del capitalismo:

    1. Imposición del libre mercado en el funcionamiento del conjunto de la economía, lo que significa la sustitución de la razón social por la económica;
    2. Apertura total, comercial y financiera, de la economía; y
    3. Desplazamiento del Estado de la actividad económica y social, lo que trae consigo la privatización de los activos nacionales pero, sobre todo, la conversión de los derechos sociales (como la educación o la salud) en servicios mercantiles.

1. El proyecto neoliberal propone el establecimiento de una economía de libre mercado, sustentada en un conjunto de premisas que, de una u otra manera, los sectores política e ideológicamente hegemónicos han impuesto a la mayor parte de la población para constituir una especie de sentido común conformado por verdades absolutas, dogmáticas e indiscutibles que hacen ver natural e inamovible a una formación histórica.7

Algunas de las premisas con las cuales se supone es posible lograr que la economía alcance su funcionamiento óptimo son, a saber, las siguientes:

    1. Para alcanzar el equilibrio en el mercado que beneficie tanto a los productores como a los consumidores, el capital no debe tener ninguna traba para circular libremente, es decir, debe tener absoluta movilidad dentro de la economía;
    2. La sociedad actual es una sociedad de consumo, donde las necesidades son mejor atendidas en un mercado que funciona libremente que en otro donde existen interferencias del Estado; 8
    3. Por tanto si el mercado es capaz de resolverlo todo, la acción estatal en la economía resulta ociosa, onerosa y riesgosa, pues impide el “equilibrio natural” entre compradores y vendedores que deben actuar libremente en el mercado.9

Tales verdades inamovibles y dogmáticas, a pesar de su endeble sustento subjetivo y meramente discursivo han adquirido un papel determinante en la propuesta ideológica que forma el sentido común actual empeñado en asegurar que la economía de mercado es la única opción posible para países dependientes como el nuestro, con todo y que esta forma de funcionamiento económico ha mostrado, una y otra vez, su incapacidad para resolver los problemas que, aunque se soslayan, resulta cada vez más difícil ocultar, entre otros: la falta de crecimiento económico, la desigualdad, la pobreza y el desempleo.

2. Al mismo tiempo y con la finalidad de legitimar las reformas estructurales de orientación al mercado, la estrategia gubernamental para difundir e imponer el proyecto neoliberal se ha fundamentado en la certeza impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) de que la apertura comercial y financiera aseguraría, de manera automática, niveles de eficiencia económica y tasas de crecimiento superiores a las alcanzadas con la intervención estatal en la economía y el crecimiento hacia adentro. En este sentido, al hacer la apología de la apertura comercial, el jefe de la División de Política Comercial del FMI, Robert Sharer (1999:26), afirmaba:

“Los estudios empíricos indican la estrecha relación entre el crecimiento económico y la exportación. En efecto, ningún país con una economía cerrada y una política orientada hacia el interior ha conseguido, ni mantenido, altas tasas de crecimiento económico. Esta aseveración que dogmáticamente se generaliza y pretende hacer creer que los resultados de la apertura benefician por igual a todas las economías, cualesquiera que sea su nivel de desarrollo, soslaya que los resultados obtenidos por las naciones participantes del mercado mundial son totalmente desiguales. En el caso de América Latina, la evidencia empírica de lo ocurrido en las dos últimas décadas en las que ha predominado la modalidad neoliberal sustentada en la apertura total e indiscriminada de la economía ha traído consigo resultados desiguales, aunque para la mayoría de los países de la región haya significado, entre otras muchas cosas: un lento y errático crecimiento que en algunos países, como México, se aproxima al estancamiento productivo; la ampliación constante del desempleo y dificultades sin fin para erradicar la pobreza y mejorar la distribución de la riqueza.”

  1. Finalmente, la imposición del libre mercado tanto como la apertura indiscriminada de la economía, exige restarle al Estado los instrumentos mediante los cuales interviene en el proceso económico pues se considera que esa intervención, al tiempo de obstaculizar la “tendencia natural al equilibrio del mercado”, significa también utilizar indebidamente recursos públicos para mantener en el mercado empresas ineficientes, monopólicas y subsidiadas —como si ése fuera el fundamento de la intervención del Estado en la economía—, que además de impedir la elevación de la competitividad del sistema económico, hacen una “desleal competencia” a las empresas privadas.

En otras palabras, sin considerar el carácter social de las empresas públicas se demanda su desaparición y se exige dejar todo el mercado a las empresas privadas sin ejercer control social alguno sobre ellas que permita moderar la avidez de ganancia que caracteriza al capital privado y modere las distorsiones sociales ocasionadas por la propia acción del mercado.

Con el retiro de la economía del Estado, al mismo tiempo, se propone el traslado sin excepción de todos los activos de propiedad social al sector privado y limitar la atención del aparato gubernamental únicamente a las actividades necesarias al proceso de acumulación de capital que en ese momento no resulten atractivas a los inversionistas, ya sea porque en ese momento ofrezcan una baja tasa de ganancia, o la magnitud de los recursos a invertir rebase las posibilidades financieras de los inversionistas, o simplemente porque los empresarios prevean una lenta recuperación de su inversión. Sin embargo, se deja advertido que, al  modificarse esa situación, cuando esas actividades ofrezcan ganancias suficientemente atractivas al capital deben privatizarse sin más trámite.

En síntesis, el paradigma neoliberal diseñado e impuesto en el mundo por el FMI y el BM, se sustenta en tres falacias:

      1. Sólo el libre juego de las fuerzas del mercado garantiza el funcionamiento armónico de la economía y su rendimiento óptimo. Esto es: únicamente el libre mercado garantiza la más alta satisfacción (identificada con la felicidad) a los consumidores y la máxima ganancia a los productores.
      2. En el mercado, los intereses individuales se identifican con los intereses sociales.
      3. La intervención del Estado como representante de los intereses sociales en la actividad económica distorsiona e impide la tendencia natural al equilibrio de las fuerzas del mercado.
Impacto del neoliberalismo en la educación superior

En materia educativa, el neoliberalismo proclama también el libre mercado y, en consecuencia, rechaza la educación pública por considerar que impide la libertad educativa al ser un monopolio cuya existencia, además de depender de los recursos fiscales, imposibilita la participación de otros agentes más eficaces para proveer la oferta en el mercado del servicio educativo. El mercado de este servicio, como el de todas las mercancías, debe ser libre si se le quiere eficiente como para alcanzar y mantener la máxima calidad, lo que sólo se logra como resultado de la competencia entre empresas mercantiles privadas productoras del servicio que siempre estarán esforzándose para mantenerse en el mercado y atraer al mayor número posible de clientes.

La libre competencia a que se someten las empresas educativas, se dice dogmáticamente, hará que de manera permanente todas ellas se esmeren por ofrecer servicios de calidad para atraer y dejar satisfechos a “sus clientes” pues ésa es la única posibilidad de mantenerse en el mercado, que tenderá a constituirse sólo con empresas eficientes pues aquellas que no lo sean, tarde o temprano, habrán de abandonarlo. En este sentido, según afirman Rose y Milton Friedman, dos de los promotores más conspicuos del neoliberalismo, la competencia es el único camino que permite depurar el mercado educativo, tal y como ocurre, por ejemplo, con el servicio ofrecido en bares y restaurantes:

“Muchas escuelas se crearán por iniciativa de grupos no lucrativos. Otras serían montadas para conseguir beneficios. No hay modo de predecir la composición definitiva de la industria educativa: la determinará la competencia. La única previsión que puede hacerse es que sólo sobrevivirán las escuelas que satisfagan a sus clientes; del mismo modo que sólo continúan los restaurantes y bares que agradan a sus clientes. La competencia se ocuparía de ello” (Friedman, 1983:235-236).

Para estos autores, como para muchos otros del mismo corte ideológico, la educación es un mero servicio mercantil como cualquier otro, incluso como aquellos que se brindan en los restaurantes y cantinas; nunca es considerada la educación —y menos la universitaria—como un derecho social.

Al convertirse la educación superior en un servicio mercantil se conculca como derecho social, es decir, deja de ser un bien público universal para convertirse en un bien privado producido mediante la relación capital-trabajo y ofrecido como mercancía.

Convertido en bien privado, los jóvenes sólo pueden acceder al servicio educativo a través del mercado, pagando el precio determinado por la oferta y la demanda, pero, como esta condición eliminaría a los jóvenes talentos que carecen de recursos, se insiste en que el gobierno debe financiar la demanda mediante el expediente de becar a los estudiantes que lo “merezcan”, por supuesto aquellos que sean funcionales a la empresa privada y al mercado, es decir, cooptados para servir al capital y sus intereses.

Consecuente con esta visión, se asegura que la libre competencia en el mercado resulta el factor determinante para elevar la calidad del servicio educativo, de ahí que se demande abrir sin limitaciones el sector educativo y permitir la entrada del capital en todos los niveles del sistema, particularmente en el superior, por lo que se exige al Estado dejar de financiar la oferta pública de enseñanza universitaria y destinar recursos a fortalecer la demanda que se convertirá, así, en el estímulo requerido por los empresarios privados para invertir y ofrecer los servicios educativos de una calidad tal que les permitan obtener más clientes y maximizar su ganancia.

Al aplicarse el principio de la libre movilidad del capital en el servicio educativo, lo que en realidad ocurre, como en el caso de la sociedad entera, es el desplazamiento de la razón social por la razón económica, con lo cual la formación universitaria tiende a perder su sentido humanista y social para convertirse en un servicio mercantil lucrativo que únicamente ofrece a los jóvenes adiestramiento y capacitación en habilidades y competencias específicas demandadas por el aparato productivo, soslayándose la creatividad y el pensamiento crítico, valores sin demanda efectiva en el mercado por ser poco o nada apreciados por el mercado productivo ya que los empresarios no requieren profesionales o técnicos formados en esos valores, muchas veces considerados subversivos. De esta manera, el mercado se convierte así en el único parámetro en la determinación del tipo de investigación y enseñanza profesional que deberán ofrecer las universidades cuyas actividades sólo parecen tener sentido si se someten a las necesidades del capital y el mercado. Con esto, se pretende reducir la función de la universidad pública a la producción de “capital humano”, esto es, de cuadros técnicos sin formación intelectual y cultural alguna pues no la requieren si sólo han de ser útiles a la productividad, la competitividad y la rentabilidad empresarial. Se forman, pues, profesionales para la empresa y no para servir a la sociedad, con lo que la universidad pierde su sentido social al ponerse al servicio de una parte de la sociedad: los empresarios.

Por supuesto, en las universidades privadas, desde su aparición, se forman los profesionales y técnicos capaces de reproducir la ideología y la economía dominantes.10 En realidad, este tipo de empresas educativas no viven las contradicciones de la universidad pública de donde pueden surgir intelectuales y profesionales críticos e insumisos que se atreven a dudar de los dogmas y las verdades reveladas y se realizan investigaciones cuyos resultados develan los misterios de la reproducción del capital mediante la explotación de la fuerza de trabajo y, al mismo tiempo, someten a la crítica los fundamentos ideológicos que sostienen tales misterios que el capital se empeña en mantener ocultos.

La propuesta neoliberal concluye que la competencia entre los oferentes privados de la educación convertida en servicio mercantil es lo único que puede garantizar la mayor satisfacción del consumidor de acuerdo con el precio que paga por adquirirla:

“En las instituciones privadas, los estudiantes son los principales clientes; pagan por lo que se les da y quieren recibir el equivalente a su dinero.”

“La universidad vende enseñanza y los estudiantes la compran. Como en la mayoría de los mercados privados, ambas partes tienen fuertes incentivos que ofrecerse mutuamente. Si la escuela superior no proporciona el tipo de enseñanza que quieren sus estudiantes, éstos pueden irse a otro sitio, quieren sostener plenamente el valor de su dinero” (Friedman, 1983:244).

 

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Finalmente, si como insisten los ideólogos neoliberales, el mercado soluciona las necesidades de la demanda efectiva de educación universitaria, no hay necesidad alguna de la participación del Estado en la oferta educativa, por lo que su presencia e influencia en la formación de los jóvenes debe desaparecer para dar paso al libre mercado educativo y a la educación sustentada en los valores del mercado.

De esta manera, bajo el supuesto de garantizar la eficiencia y productividad del sistema educativo en su conjunto, se cumple con el segundo de los postulados neoliberales mencionados líneas arriba: la apertura del mercado a los intereses comerciales y financieros del sector privado. Esa apertura debe ser ilimitada y, por tanto, si se pretende un mercado absolutamente libre, ni siquiera se pueden imponer limitaciones al capital extranjero en ninguno de los niveles del sistema educativo.

Particularmente en México, el capital extranjero ha empezado a poner su interés en el nivel superior y ya existen universidades adquiridas por inversionistas extranjeros que han elevado su participación en el mercado con la complacencia de las autoridades.11 Sin embargo, la transnacionalización de la educación superior ofrece más riesgos que ventajas al país y sería prudente evitarla, aunque se argumente que con la llegada del capital de origen extranjero al sector educativo y la competencia a que son sometidas el resto de empresas que operan en el mercado, se elevaría la calidad del servicio ya que todas ellas si quieren atraer clientes y permanecer en el mercado tratarán de ofrecer “la mayor calidad al más bajo precio”.

En las empresas extranjeras de educación, mediante el uso de modelos que no corresponden a nuestra diversidad cultural, y menos a los intereses nacionales, se capacitan y adiestran los jóvenes de la clase dominante —o cooptados de cualquier otra clase social pues en esto sí el poder no tiene prejuicio alguno, el requisito es su docilidad y vocación de servicio al capital—, que tienen como destino profesional administrar el sistema en su conjunto pensando más bien en cómo incrementar la ganancia del capital que en posibles soluciones a los problemas que aquejan a la población trabajadora de la ciudad y el campo.

En el modelo neoliberal, el libre funcionamiento del mercado y la apertura al capital en todos los ámbitos tienen su justo complemento en la privatización generalizada. Así, para los abogados del neoliberalismo, el Estado no debe intervenir en el sistema educativo, pues su presencia en el mercado —que debe ser libre— significa una desleal competencia a las empresas privadas y, al mismo tiempo, evita la libre competencia. Pero sobre todo la educación pública resulta socialmente onerosa al ofrecer carreras profesionales con baja demanda efectiva en el sector productivo, tales como Filosofía y Letras, Sociología, Historia, Antropología y otras más cuyo financiamiento se considera un derroche de los recursos fiscales.

Los argumentos neoliberales no terminan ahí, por el contrario, abundan en consideraciones de tipo cuantitativista y economicista, como es el caso de los estrechos análisis que realiza el Banco Mundial para establecer la rentabilidad del gasto educativo y, de ahí, establecer las prioridades del sector. Este tipo de análisis basado en el costo-beneficio, que relaciona el gasto educativo con el número de estudiantes atendidos por profesor, se realiza más bien con el criterio de minimizar costos elevando la eficiencia —medida, entre otras cosas, por la cantidad de alumnos atendidos— y, con ello, fijar el logro de ciertas metas de cobertura educativa soslayándose algo fundamental de la educación, su efecto social.

En otras palabras, este análisis francamente economicista se usa sin considerar las múltiples dimensiones de la educación y el impacto social múltiple de la política educativa por lo que, particularmente en lo que toca a la educación superior, resulta parcial y deformante, aunque de ninguna manera ingenuo pues sus conclusiones se orientan a establecer propuestas para “introyectar en el sistema educativo los valores del mercado. Eso se ve transparentemente cuando se introducen toda clase de mecanismos competitivos para mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema educativo” (Coraggio, 2004:23).

De esta forma, magnificando dicho criterio, se afirma que el nivel educativo básico (preprimaria, primaria y secundaria) tiene la mayor rentabilidad social, pues con un gasto determinado se atiende a una población considerablemente mayor —disminuyendo el costo por alumno— a la que con el mismo monto se podría atender en los niveles medio y superior, lo que eleva el costo por estudiante atendido. En consecuencia, se concluye que debe universalizarse el nivel básico por ser el de mayor tasa de rentabilidad; en cambio, el nivel medio-superior es socialmente menos rentable, mientras que los estudios superiores carecen de rentabilidad social alguna en la medida que benefician exclusivamente a los individuos que los cursan y muy poco a la sociedad.

Si eso es así, la conclusión es obvia: los jóvenes que quieran realizar estudios universitarios tendrá que pagar por ello, aunque se les asegura que el pago de sus estudios no es gasto sino inversión pues si bien al cubrir con sus propios recursos el costo de su formación el estudiante reduce su consumo actual, lo hace con el exclusivo propósito de incrementar su consumo futuro, que es el principio fundamental con que opera toda inversión productiva.

Pero incluso, si bien se exige al Estado universalizar el ciclo básico, las propuestas neoliberales demandan que se haga financiando la demanda, no la oferta, dejando así a los niños y los jóvenes —o a los padres a los que se les concede el derecho de la decisión— la “libertad de elegir” la escuela en la que deseen estudiar. En este caso, al gobierno correspondería sólo cubrir el pago de la colegiatura correspondiente a las escuelas que atiendan a los alumnos.

Respecto de los estudios universitarios se enfatiza que éstos no deben recibir recursos fiscales —o deben reducirse al mínimo—, pues las instituciones que los ofrezcan deben ser autofinanciables, obteniendo recursos mediante la venta de cursos de todo tipo; de la misma manera, una fuente importante de ingresos es ofrecer al mejor postor los resultados de las investigaciones universitarias, o realizar investigaciones por encargo financiadas por empresas privadas o públicas, lo mismo da; asimismo, los alumnos deberán cubrir el costo real de su formación como “capital humano” ya que ellos son los únicos, o los mayores, beneficiarios de los estudios universitarios.12

En síntesis, podemos decir que en materia educativa el paradigma neoliberal, apoyado de diversas maneras por el FMI y el BM, se sustenta en tres falacias:

      1. La educación superior debe supeditarse a los requerimientos del sector productivo, esto es, la formación del capital humano sólo puede asegurarlo la privatización del sector y su apertura total, incluso al capital extranjero, sin limitación ni regulación social alguna.
      2. Sólo el mercado garantiza la mayor calidad educativa de todo el sistema.
      3. Particularmente la educación universitaria debe ser un bien privado, es decir, como su financiamiento no es del interés de la sociedad en su conjunto, el Estado debe apoyar con recursos fiscales la demanda y dejar de hacerlo con la oferta. En otras palabras, se propone la desaparición de las universidades públicas, o reducir su participación a su mínima expresión, para dejar el mercado de este nivel de estudios para beneficio exclusivo de las empresas privadas nacionales y extranjeras.

Como puede observarse la propuesta neoliberal se caracteriza por referirse exclusivamente a la parte económica y se orienta a satisfacer las necesidades del aparato productivo sin considerar los problemas sociales del crecimiento, el bienestar y la equidad, el empleo o el abatimiento de la pobreza, el análisis del poder o la búsqueda de alternativas viables al desarrollo económico y social, cuestiones puestas en el orden del día de naciones como la nuestra y que las universidades públicas no pueden ni deberían soslayar.

[ … ]

Notas.

    1. Por hegemonía se entiende la dirección cultural, política e ideológica de una clase sobre el conjunto de la sociedad, aunque enfatiza Gramsci (1975:55): “Si la hegemonía es ético-política no puede dejar de ser también económica, no puede menos que estar basada en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo rector de la actividad económica.”
    2. “En la Colonia y la pedagogía jesuítica que imperó al final del siglo XVIII, como las demás pedagogías religiosas, no exaltaban la libertad sino la obediencia incondicional a Dios y al Rey. Los liberales mexicanos del siglo XIX triunfaron y eliminaron progresivamente de las escuelas la enseñanza de la moral religiosa y pusieron en su lugar la enseñanza de una moral laica […] Para el positivismo no existía la libertad sino como subordinación ante la ciencia. La ciencia era la base para aprender a comportarse dentro de la sociedad […] El Estado de la revolución se propuso transformar el país, desarrollar la economía, promover el capitalismo, y para ello había que sacar a los campesinos de su ignorancia. Claro, la educación, por sí misma, tiene un contenido liberador. Quien se educa es menos manipulable que quien no se educa y quien se educa conoce mejor sus intereses y sabe defenderlos mejor que quien no se educa. En ese sentido, puede decirse que la obra educativa de la revolución fue democrática. Peor no lo fue en el sentido de que omitió asumir como objetivo específico formar un ciudadano autónomo, libre y crítico” (Guevara, 1997:22-23).
    3. En México, durante el siglo XIX: “Para los liberales de la República restaurada la necesidad de educar al pueblo era un medio indispensable para formar a la nación, y por eso le otorgaron a la escuela la función prioritaria en la creación del ciudadano liberal. En el régimen de Porfirio Díaz (1874-1910) ese ideal se convirtió en una tarea del Estado. Como decía Justo Sierra, secretario de Educación en la dictadura: ‘Conforme a nuestras instituciones y a los intereses nacionales, es la escuela el embrión de la nación entera, como el lugar de ensayo de las funciones políticas y sociales, como el gran laboratorio del patriotismo y de las virtudes cívicas. Para nosotros en la escuela se nace a la patria, se respira a la patria’” (Florescano,1999:496-407).
    4. En México, el nivel superior se compone, además del sistema universitario, de la enseñanza técnica superior y la Escuela Normal de Maestros.
    5. En universidades como la de Las Américas, Anáhuac o el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, instituciones privadas formalmente laicas, se sostiene y desarrolla una ideología francamente empresarial y no dejan de ser un buen negocio. En cambio, universidades como la Iberoamericana, La Salle o la del Tepeyac, si bien enfatizan la formación de los jóvenes de acuerdo a determinados principios religiosos se mantiene la actitud empresarial que las condena a ser también prósperos negocios.
    6. Siendo el modelo la forma como la estructura económica realiza históricamente su proceso de desarrollo, la modalidad supone una diferenciación histórica dentro del propio modelo que se define por las propiedades que adquiere su desarrollo en un momento determinado sin que se modifiquen las características esenciales del modelo.
    7. De acuerdo con Mariela Arroyo (2005:30): “Estudiar el sentido común es analizar qué criterios de normalidad son elaborados por distintos grupos en un determinado momento histórico de forma tal que hacen parecer como natural una determinada construcción social.”
    8. “La perfección no es cosa de este mundo, dicen Milton y Rose Friedman (1983:308). Siempre habrá productores deficientes, charlatanes y timadores. Pero en conjunto, la competencia de mercado, si se la deja funcionar, protege al consumidor mucho mejor que la alternativa ofrecida por los mecanismos gubernamentales.”
    9. “El Estado ya no se percibe realmente como un protector o un organizador sino como un parásito, un freno, un peso muerto para la economía” (Albert, 1993:230).
    10. El surgimiento del sector privado de educación superior en América Latina antecede con mucho a la aparición y consolidación de la modalidad neoliberal de la economía. La aparición de las universidades privadas se ubica, más bien, en el conflicto entre el Estado y la Iglesia católica. Si bien ese conflicto tuvo que ver con el papel de la Iglesia en la educación y en el rechazo al laicismo y orientación educativa predominantes en las instituciones públicas, actualmente el tema se ha replanteado como parte del debate sobre el papel del Estado en la sociedad, y en particular en la producción de bienes y servicios, así como el carácter que tiene la educación como derecho social (Ver García: 1997).
    11. La primera incursión del capital privado extranjero en la educación superior del país, se realizó en el 2000 cuando la empresa estadounidense Sylvan Learning Systems pagó 34 millones de dólares por la adquisición de la Universidad del Valle de México (UVM), que por el número de estudiantes inscritos resulta ser la segunda universidad privada más grande en la República después del Tecnológico de Monterrey. En 2004, la UVM tenía inscritos 42 mil estudiantes en bachillerato, licenciatura y posgrado, de los cuales 30 mil cursaban estudios en alguno de los nueve programas de licenciatura abiertos en el área de contaduría, administración y psicología (Rodríguez, 2004).
    12. El sector privado del país sostiene e insiste en la necesidad de reasignar el gasto público en educación. Es el caso del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, que afirmó recientemente: “Es importante una reasignación de la inversión pública en educación, de tal manera que se mejore la cobertura y calidad de la educación preescolar, primaria y secundaria, siendo estos niveles los que benefician en mayor medida a los hogares de menores ingresos” (La Jornada, 2 de mayo de 2005, p. 25). Este ha sido el criterio de Vicente Fox, en cuyo gobierno se han reducido continuamente los recursos fiscales destinados a las universidades públicas.

Extractos, Capítulo 3. Neoliberalismo y capitalismo académico. Ornelas Delgado, Jaime. Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina. 2009. Rosario. Homosapiens Ediciones. CLACSO. Capítulo de Libro: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160229021002/cap3.pdf

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